La Acordada 32/2023 de la CSJN sobre la creación de la Oficina de Ciberseguridad.

Microjuris Argentina

Johanna Caterina FALIERO
CV
PhD – Doctora en Derecho con Tesis Doctoral Distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Informático, con Programa de Actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y Abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Programa de Actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Consultora Internacional y Directora de Faliero Attorneys At Law. Autora de 4 Libros, entre ellos: «LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES» (Editorial Ad Hoc – Año 2020).
Por medio de la Acordada N° 32/2023 de la CSJN se dispuso la creación de la Oficina de Ciberseguridad de la misma, bajo la órbita de la Dirección de Sistemas, que será liderada por un funcionario con categoría de subdirector, con la misión de gestionar la seguridad cibernética de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática.

En la actualidad las ciberamenazas se encuentran en franco crecimiento y ningún sector, ni público ni privado, se encuentra a salvo. A nivel nacional, el sector judicial tiene la necesidad de mejorar sus capacidades de prevención y respuesta en materia de ciberincidentes, ya que a la fecha han habido una gran cantidad de data breaches y/o incidentes de ciberseguridad que han afectado a varios poderes judiciales a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.

De allí que es muy necesario que los mismos adquieran las competencias necesarias y se organicen para prevenir sucesos como estos y que asimismo lo hagan con la idoneidad profesional específica requerida, puesto que las respuestas retóricas institucionales hasta el momento no han sido eficaces, ni lo eficientes ni maduras y trasparentes como exige nuestra modernidad en ese campo.